El
proyecto modernizador en Venezuela durante el Siglo XX asumió dos vías, una
elitista y otra populista. Durante la mitad de éste siglo se dieron grandes
confrontaciones entre los diversos sectores políticos para llevar a cabo alguna
de las sendas del proyecto modernizador, provocando grandes crisis sociales y
políticas para la nación (según Andrés
Stambouli en su libro La Política
Extraviada). Es así como una de las más crueles y represoras dictaduras que
ha vivido Venezuela abre paso con su su derrocamiento, a un pacto político para
sacar a Venezuela del un abismo a la que fue arrojada.
“Los acuerdos políticos
son el precio que debe pagarse por la libertad”
sostiene Bernanrd Crick, en tal sentido el pacto de Punto Fijo viene a
significar un convenio entre tres partidos políticos (que luego se reduciría a
dos) para repartirse el poder, que de hecho lo hicieron. Los partidos Acción
Democrática (AD) representado por Rómulo Betancourt, Social Cristiano COPEI
encabezado por Rafael Caldera y la Unión Republicana Democrática (URD) dirigida
por Jóvito Villalba establecieron un mecanismo para tomar decisiones,
caracterizado por la constante de lograr el consenso y así evitar el conflicto.
El Pacto de Punto Fijo implantó la
democracia representativa de los partidos como una primicia en la política
donde el pueblo ejercería sus derechos políticos enmarcado en las normas de los
partidos políticos. Éste pacto pretendía repartir la renta petrolera en igualdad
de condiciones para la población, y así mejorar la calidad de vida del pueblo.
También regularizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado se implantó
como línea de acción. De ésta forma el Pacto de Punto fijo suscrito por los
altos dirigentes de los partidos dominantes (por decirlo de alguna manera)
legitimados por sus bases, fue el instrumento fundamental para la resolución de
la crisis de gobernabilidad que enfrentaba la sociedad venezolana. Pero había
un detalle que pudiese haber afectado su eficacia, excluía a partidos como el
Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Se
trataba entonces de estabilizar y consolidar un régimen democrático mediante un
pacto político, basado en un sistema de conciliación nacional, utilizando la
renta petrolera para modernizar la sociedad, orientando nuevas políticas públicas.
Sin embargo los tres partidos colacionados (AD, COPEI y URD) por diferencias en
sus ideales representativos, rompen el pacto convirtiéndolo en un trato
político bipartidista, ya que URD se separaría del convenio, dos años después
de acordarlo.
El
Estado se enfrentaba con el Pacto de Punto Fijo, a una sociedad paternalista,
cultura que había adoptado desde varias generaciones atrás. Al mismo tiempo el
Estado tomó un vigoroso carácter social, al prometer inversiones intensivas en
la educación, seguridad social, vivienda, servicios públicos y dotaciones de
infraestructura para los sectores más desfavorecidos de la población. Los
Gobiernos que a partir de 1958 sucedieron, no se apartaron de manera sensible
de los paradigmas del pacto. Los Gobiernos de AD y COPEI se desarrollaron sobre
la ideología de que a partir de una
fuerte presencia del Estado, en las bases de una economía capitalista, se
podían ampliar los niveles de consumo de la población; de esta manera se
reduciría el desempleo y esto proporcionaría servicios de salud, educación y
vivienda. Para los años sesenta el país se vio favorecido por el crecimiento
del negocio petrolero y consecuentemente con el crecimiento económico, producto
de un optimismo de un proceso industrializador.
El
primer Gobierno del Pacto de Punto Fijo fue el de Rómulo Betancourt
(1958-1964), período que dio paso a la promulgación aislada a la voluntad
popular de la llamada Constitución del 61, pese a distintas protestas que
moderadamente reprimió el Gobierno, como también varios intentos de
derrocamiento. Uno de los grandes logros de éste período fue la construcción
del puente sobre el Lago de Maracaibo. La paz parecía haberse alcanzado luego
del convenio bipartidista, sin embargo quienes le hacían oposición se agrupaban
en guerrillas, para combatir defendiendo sus ideales y reclamando por ser
incluidos en el proyecto modernizador de la llamada Cuarta República.
Durante
el período presidencial 1964-1969 dirigido por Raúl Leoni, el proceso de
enfrentamiento con la guerrilla continuó y, el acuerdo con el cual había
gobernado el anterior Gobierno, de incluir dirigentes o integrantes de diversos
partidos en el gabinete ejecutivo se rompió. Ahora COPEI ya no participaba en
ninguno de los Ministerios del Gobierno. En el primer Gobierno de Rafael
Caldera (1969-1974) se hacen reformas a la Constitución, y debido a las
múltiples confrontaciones con los estudiantes de la UCV se clausura ésta
universidad, ya que éstas estaban fundamentadas con una ideología de izquierda.
Caldera firmó el protocolo de Puerto España (Disputa del territorio entre
Guyana y Venezuela) a lo que muchos de los sectores políticos y sociales del
país conocen dicho evento, como la entrega del territorio.
En
1973 cuando el modelo económico social parecía haber llegado a ciertos límites
que señalaban su agotamiento, y cuando la inflación mostraba sus primeros
síntomas, Carlos Andrés Pérez candidato de AD ganaba las elecciones
presidenciales, con grandes propuestas con visión a reducir la pobreza, con una
necesidad impostergable de llenar a la democracia de contenido social, mediante
la reformulación del modelo capitalista, a fin de enfrentar sus injusticias y
modernizarlo.
Carlos
André Pérez protagoniza el período presidencial de 1974-1979, ganando las
elecciones que para la ocasión sólo participaron COPEI, AD y MAS. Venezuela
entra en una fase en donde las inversiones extranjeras eran reglamentadas por
el Gobierno Nacional, en ocasiones se utilizó la Ley Habilitante para
regularizar dichas inversiones, otras veces tenían otros fines. Fue durante
éste período donde Venezuela reanuda sus relaciones bilaterales con Cuba, pero
sin duda alguna, una de las políticas con mayor influencia fue la política de
nacionalización petrolera, como también de hierro, esto ocurre en un momento
donde el precio del petróleo aumentaba a consecuencia de los conflictos del
Medio Oriente, que para el país significaba dinero extra. La burocracia
política e institucional se vio en aumento, y la corrupción se propagó. Éste
Gobierno se caracterizó por ser altamente populista, que en otras palabras parecía
llevar la senda del proceso modernizador populista.
Fue
en el período de 1979-1984 durante la presidencia de Luis Herrera Campis donde
los venezolanos conocieron un fenómeno de le región Latinoamericana, que aún no
se hacía eco con fuerza en el país, como lo es la inflación, provocando un
endeudamiento crucial del país y consecuentemente con esto la quiebra del
proyecto modernizador populista.
A
mediados de la década de los ochenta, tanto en el sector público como privado
se evidenciaba un notable agotamiento del modelo político-económico que venía
funcionando en Venezuela desde 1960. Por un lado un modelo económico protegido,
subsidiado, regulado que respondía a una estrategia de industrialización por
sustitución de importaciones y, en lo político, caracterizado por la
centralización, donde el Gobierno y su partido gobernaban y conformaban los
gabinetes ministeriales, así como también designaban a los gobernadores de los
estados.
En
el año 1984 bajo la presidencia de Jaime Lusinchi, se crea la Comisión
Presidencial para la reforma del Estado (COPRE), a fin de evaluar los logros
del modelo determinado como proyecto nacional a partir del Pacto de Punto Fijo,
pues el Estado rentista centralizado estaba en crisis; el debate que comenzaba
a perfilarse en los ochenta en relación a la Reforma del Estado, revelaba que
dado al grado de complejidad que había alcanzado la sociedad democrática, donde
el sistema estadal estaba perdiendo su capacidad de respuesta, haciendo
necesaria la readecuación de sus instituciones y estructuras de participación e
intervención en la vida social.
Para
las elecciones presidenciales de 1988 los candidatos habían manifestado su
compromiso con la reforma del Estado, por un lado Carlos Andrés Pérez amparado
por AD y Eduardo Fernández por COPEI. Carlos Andrés Pérez gana las elecciones
donde la mitad de la población electoral votó por él, con la ilusión difusa de
volver a la abundancia de su primer gobierno, e inicia las transformaciones del
modelo económico consideradas como de extrema gravedad su situación. La
ausencia de instrumentos y mecanismos institucionalizados de diálogo político y
el haber optado el gobierno por una orientación y actitud tecnócrata en su
gestión, trajeron como consecuencia una crisis de gobernabilidad para la nación.
La
explosión social del 27 de Febrero de 1989 evidenció la crisis económica que
afectaba de forma frontal al pueblo venezolano. El Gobierno de Pérez adopta
medidas de recorte social o gasto social anunciando el Plan de Ajuste
Económico, impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), endeudando a la
nación considerablemente. Intensas protestas reaccionaron ante las medidas
apadrinadas por el régimen; estas manifestaciones fueron reprimidas
violentamente por las fuerzas del orden público del Gobierno, dejando un saldo
de hasta ahora un desconocido número de fallecidos y desaparecidos.
Progresivamente el 04 de Febrero del año 1992 un grupo de oficiales militares
se alzan y se rebelan contra el gobierno de Pérez. Importantes acciones
militares tomaban las ciudades adyacentes de la capital (Caracas), como también
otras de importancia estratégica; sin embargo los objetivos planteados en la
ciudad capital no cumplieron con las expectativas, causando el rendimiento del
jefe de la rebelión militar, Hugo Rafael Chávez Frías, quien ante los medios de
comunicación asume la responsabilidad de la insubordinación, así ellos llamaron
aquella hazaña, “Rebelión Militar” y, el gobierno imperante para el entonces lo
calificó como “Golpe de Estado”. Éste hecho produjo una ruptura en la manera
como la población veía las coaliciones bipartidista del Pacto de Punto Fijo.
Los acontecimientos del 27 de Febrero de 1989 y los intentos de golpes de
Estado del 04 de Febrero y 28 de Noviembre de 1992, pusieron en evidencia una
importante crisis de opinión pública y de legitimación del funcionamiento del
régimen democrático venezolano, como también de sus instituciones
fundamentales, puesta en evidencia en los altos índices de abstención
registrados en 1989, en las primeras elecciones para elegir por voto popular a
los gobernadores de los estados, alcaldes y concejeros municipales. (La Política Extraviada, una historia de
Medina a Chávez – Andrés Stambouli)
Descontento
con las políticas del Gobierno, así como también la pérdida del prestigio de
los partidos políticos eran otros de los indicadores de la reacción anímica de
la gente, en los días subsiguientes al intento de golpe de Estado del 04 de
Febrero de 1992, donde de forma transcendental éstos (“los golpistas”)
recibieron gran apoyo popular. Los partidos políticos y particularmente Acción
Democrática (partido de gobierno), vieron disminuida significativamente su
capacidad para articular y responder a las demandas sociales y, comenzaban a
ser percibidos distantes de los problemas cotidianos. Finalmente Carlos Andrés
Pérez es destituido de la presidencia en el año 1993 por presuntos actos de
corrupción, asumiendo temporalmente el cargo Octavio Lepage. Durante los
períodos posteriores a estos acontecimientos [Ramón J. Velásquez (1993-1994 y
Rafael Caldera (1994-1998)] Venezuela quedó como un vidrio quebrado, con el fin
de juntar las piezas y hacerlo lucir.
Rafael
Caldera logró ponerse al frente del Gobierno por segunda vez para armar el
rompecabezas en el que había quedado sumergida Venezuela, donde no se había
logrado la sustitución del colapsado modelo de sociedad rentista centralizada.
Consiguió posicionarse como favorito en las elecciones del año 1993 debido a
unas declaraciones que emitió donde le daba un visto prudencial a los
acontecimientos del 04 de Febrero de 1992, donde aseguró que era condenable
pero que muestra la realidad de un país.
La
izquierda venezolana que había sido excluida del proyecto modernizador, coge
auge y gana las elecciones presidenciales de 1998, donde resultó triunfador el
comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien promete una revolución integral,
utilizando como arma el voto popular. La nueva fuerza gobernante aprovecha el
momento para reorganizar el Estado, convocando a una Asamblea Nacional
Constituyente, y crear de forma originaria una nueva Constitución Nacional. Es
así como en el año 1999 se realiza por primera vez en nuestro país y gran parte
del mundo (por no decir todo), un referéndum popular constitucional para
aprobar o no la nueva constitución, donde sale victoriosa la ímpetu gobernante
y queda aprobada la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela; posteriormente a éstas elecciones,
nuevamente se hace otra consulta popular para elegir de nuevo al presidente,
gobernadores y alcaldes basado en los nuevos parámetros de la nueva carta
magna. (El Proceso Político Venezolano
1998-2007 – Arturo Sosa A.)
El
nuevo proyecto modernizador populista de Venezuela desde un punto de vista ideológico,
se nutre de fuentes diversas que van desde el republicano, especialmente las
visiones vinculadas a los gestores de la emancipación americana, entre los que
destaca Simón Bolívar, Simón Rodríguez, como también los nacionalismos. En
efecto el discurso oficial trataba de cuarenta años de fracasos de una falsa
democracia puntofijista, la oligarquía, las cúpulas podridas de los partidos
derrotados, los empresarios cómplices del fracaso de cuarenta años, los
sindicalistas corruptos, los prelados adecos con sotana y los medios de
comunicación mentirosos, al servicio de oscuros intereses nacionales y
transnacionales. (El Proceso Político
Venezolano 1998-2007 – Arturo Sosa A.). Se tratará ahora de la Revolución
Bolivariana pacífica y democrática, al servicio del pueblo soberano,
remplazando una democracia representativa por una democracia protagónica y
participativa; aquí se planteaba la idea de un gobierno de unidad nacional, que
no llegó muy lejos.
Una
fractura en los altos mandos militares, así como también las intensiones del
Gobierno de nacionalizar la industria petrolera trajeron consigo momentos de
crisis para el país. El 11 de Abril del 2002 Venezuela experimentaba nuevamente
un golpe de Estado, que para la ocasión pretendía ponerle fin al gobierno bolivariano.
Protestas en la capital del país a favor y en contra del Gobierno dejaron
pérdidas económicas y humanas, obligando al Presidente de turno “renunciar al
cargo” (hecho que negó posteriormente). La fuerza golpista apoyada directamente
por los medios de comunicación tomaba el poder el 11 de Abril de 2002, donde el
empresario Pedro Carmona asumió la presidencia de la República, aboliendo la
Constitución de 1999, como también los Poderes del Estado constituidos y sus
miembros. Gobernadores de oposición y destacadas personalidades de
organizaciones abiertamente opositoras apoyaron el eventual acontecimiento.
Sin
embargo la población venezolana, y en especial las comunidades caraqueñas se
mostraron en desacuerdo con el nuevo régimen, quienes el 13 de Abril de ese año
comenzaron a protestar rodeando el palacio de gobierno exigiendo el regreso de Hugo Chávez. La
espera no fue muy larga, los golpistas huyeron del palacio y los jóvenes
oficiales tomaron el poder de nuevo, produciendo el retorno de cada uno de los
ministros del gobierno derrocado, el desafío ahora era volver al hilo
constitucional. En la madrugada del 14 de Abril de 2002 Hugo Chávez Frías
retornaba al poder, con un discurso de reflexión y diálogo, hablando de la
unidad nacional, llamado que no llegó a ser eficaz. En Diciembre de 2002 la
oposición al gobierno operante convoca a un paro petrolero, ocurrencia que
pretendía derrocar nuevamente al gobierno, pero que trajo consigo graves daños
a la economía del país, con grandes pérdidas debido a la inoperatividad de la
industria petrolera, principal motor de la economía nacional.
Hugo
Chávez se ha visto envuelto en grandes confrontaciones con los sectores
opositores, que hasta los momentos no habían mostrado una actitud de
conciliación; fue en el año 2004 cuando se apertura un camino más democrático
para solucionar la crisis de gobernabilidad nacional. La oposición venezolana
logra recolectar las firmas establecidas en la Constitución Nacional y convoca
a un referéndum para revocar el mandato
presidencial. Para éste nuevo enfrentamiento electoral, nuevamente el
presidente Chávez logra ganarles a sus contrincantes políticos mediante la
implementación de políticas sociales, destinadas a subsidiar algunas de las
necesidades básicas de la población, mediante la aplicación de Misiones sociales. De ésta manera
comienza una nueva etapa política en el país, ahora de menos confrontaciones
violentas entre las fuerzas políticas del país, sin embargo, aún la oposición y
el gobierno no han logrado conciliar en el diálogo.
En
el año 2006 nuevamente se convoca a elecciones presidenciales. Para ésta
ocasión el Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales se enfrentaba al
presidente Hugo Chávez, en uno de los momentos en que el jefe de Estado contaba
con sus mejores niveles de aceptación popular. En ésta oportunidad una
inapelable victoria oficial dejaría huérfana a la oposición que no contaba con
un liderazgo establecido para enfrentar al Gobierno. Consecuente con la
victoria oficial, las políticas de Gobierno se intensificaron en la inversión
social, en la ampliación del sistema educativo bolivariano y la eventual
ascendencia de las Misiones Sociales a nuevos niveles de atención y
especialización.
Por
otra iniciativa del jefe de Estado, se convoca a una nueva consulta popular
para reformar la Constitución Nacional. Una de sus primicias era declarar
Socialista a la República Bolivariana de Venezuela, en ésta circunstancia se
incorporaba una y otra vez la palabra “Socialista” como adjetivo que define el
carácter del Estado, de la economía y de la democracia. La reforma
constitucional también planteaba la transformación de la organización
político-territorial; la incorporación del nuevo Poder Popular del Estado; se
definen distintos tipos de propiedad: la propiedad pública, propiedad social,
propiedad social indirecta, la propiedad social directa y así se constituye la
propiedad comunal, también la propiedad mixta compuesta entre el colectivo, el
Estado y el sector privado. Se pretendía crear el Distrito Federal en sustitución
del Distrito Capital; la reducción de la jornada laboral también aparecía como
una de las modificaciones bandera de la propuesta; incorporar las Misiones
Sociales a la estructura del Estado; eliminación de los límites para la
elección presidencial; la prohibición del latifundio; la re-definición de la
Fuerza Armada Nacional; el control gubernamental sobre el Banco Central de
Venezuela y la política monetaria, entre otros aspectos menos resaltantes. (El Proceso Político Venezolano 1998-2007 –
Arturo Sosa A.).
Por
una reducida diferencia la oposición venezolana logra por primera vez ganarle
una contienda electoral al oficialismo, y son muchos las circunstancias que se
le pudiesen acreditar a la derrota oficial. Una de las que toma más fuerza es
la relación del gobierno con los medios de comunicación. La no renovación de la
concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de Marzo de 2007, estación
privada de señal abierta con cobertura nacional, y la confiscación de sus
equipos de transmisión por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se ha
convertido en emblema de las fuerzas opositoras para denunciar un supuesto plan
de prohibición hacia la libertad de expresión por parte del Gobierno, hecho que
le da un duro golpe a la popularidad del gobierno y contribuye a su derrota
electoral de la reforma constitucional el 02 de Diciembre de 2007.
Para
éste año también se encontraba en estructuralización el nuevo partido de
gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En lo político se planteaba
pasar de una compleja alianza de partidos y organizaciones que apoyan al
gobierno a un partido único con una estructura organizativa en la que los
gobernantes realizan también la dirección político-partidista. El partido forma
parte de una organización que cumple la tarea de hacer llegar a las bases de la
sociedad las directrices emanadas del líder del proceso como también de las
propias bases del partido hacia las representatividades nacionales. (El Proceso Político Venezolano 1998-2007 –
Arturo Sosa A. / Prensa Independencia.).
Bajo
la gestión del presidente Chávez se ha vivido bajo un Estado Nacionalista, en
un régimen político estatista-presidencialista, donde se vende la idea desde el
poder dominante que sólo lo que está bajo el control del gobierno es confiable
y por lo tanto recibe apoyo popular. Las polémicas expropiaciones han creado
cierta apatía y hasta temor en la inversión privada, debido a que ahora el
gobierno implementa estrictas medidas de operatividad productiva, haciendo
cumplir rigurosamente las leyes del Estado. Actitud que no todos los sectores
de la economía están dispuestos a acatar.
En
el llamado “Chavismo” existe constituida una organización política con una
amplia base social, en cuya cúspide se coloca el líder del proyecto modernizador
socialista del siglo XXI. Con una pronunciada imagen, se promueve una basta red
de organizaciones sociales en los distintos ámbitos de la actividad económica y
social con la tutoría del Estado-Gobierno. El apoyo de la Fuerza Armada ha
desempeñado una papel fundamental en la estabilidad de la Revolución Bolivariana: “El
preponderante papel de la Fuerza Armada en el diseño y ejecución de las
principales políticas públicas, con una estructura que favorece el control
directo del Comandante en Jefe, Presidente de la República, permite señalarlo
como un régimen que disuelve la línea divisora entre lo militar y lo civil,
convirtiendo la organización militar en el eje de la administración pública (…)
La nueva doctrina militar tiene una concepción cívico-militar”. (Arturo Sosa A.).
En
el año 2009 nuevamente el gobierno plantea modificar la Constitución, ésta vez
recurre a otro recurso constitucional, como lo es la Enmienda Constitucional.
En
diciembre de 2008 el presidente Hugo Chávez propone realizar una enmienda a la
constitución sometiéndola a referéndum popular, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 341 de la Constitución venezolana. El 18 de Diciembre
de 2008, se realiza la primera discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela
para activar el mecanismo de enmienda, contando con el respaldo de 146
diputados del PSUV y el PCV. Además el PSUV presentó como respaldo a la
propuesta de la AN un total de 4.760.485 firmas.
En
la segunda discusión del Proyecto en el parlamento, la propuesta fue apoyada
por 156 diputados, pertenecientes al PSUV, PPT, PCV, NCR, UPV, entre otros;
mientras que otros 11 diputados de Podemos y el Frente Popular Humanista la
rechazaron.
El
15 de febrero de 2009 se realizó el referéndum para decidir la aprobación o no
de la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con el fin de
permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de
manera continua. Según el segundo Boletín emitido por el CNE el 16 de febrero
el Sí alcanzó 6.310.482 votos (54,85%) y el No 5.193.839 votos (45,14%), con el
99,57% de actas transmitidas y una abstención de 29,67%, siendo promulgada por
el Presidente de la República en Caracas, el 19 de febrero de 2009. Año 198º de
la Independencia y 149º de Federación. (Prensa
Independencia)
La
victoria electoral del 15 de Febrero de 2009 permite al presidente Chávez
aspirar nuevamente a la reelección, pero el país no se percataría de que dos
años después una afección de la salud del máximo líder de la Revolución Bolivariana anublara el plano
político. La detección de un tumor cancerígeno del Presidente de la República
ha causado controversia entre los sectores opositores y de pro-gobierno. La
oposición asegura que es una estrategia para ganar las elecciones
presidenciales del 07 de Octubre de 2012, mientras que el gobierno asegura ser
transparente en la difusión del estado de salud del Jefe de Estado, quién luego
varias intervenciones quirúrgicas, aún asume plena responsabilidad en la batuta
del liderazgo político que ha catapultado casi a la oposición venezolana.
El
papel de la oposición se ha concentrado en la consolidación de una unidad para
enfrentar a quién por más de una década, ha sido el político más difícil de
derrotar (por vías democráticas y no democráticas). El 12 de Febrero de 2012 se
realiza una consulta popular donde participaron según la comisión electoral del
órgano opositor (MUD) más de tres millones de personas y, así se elegiría al
candidato opositor que enfrentará al presidente Hugo Chávez, triunfando
Henrique Capriles Radonski, Gobernador del estado Miranda.
Ahora
Venezuela se encuentra en el ojo político internacional, por un lado el estado
de salud del presidente Chávez copa la atención de la sociedad venezolana y de
las percepciones internacionales sobre nuestro país, que deja una incertidumbre
en el destino del proceso gubernamental que por 13 años ha llevado a Venezuela
a fomentar una alternativa política, económica, social y cultural, a lo que el
oficialismo define como el Socialismo del Siglo XXI. Por último las elecciones
presidenciales que se avecinan, que tienen como tema latente la permanencia en
el poder de la Revolución Bolivariana,
o la subida al poder de la oposición venezolana. Sin duda alguna los procesos
políticos y confrontaciones políticas derivadas de toda una gama de
percepciones para desarrollar al país y lograr una Venezuela de progreso y
estabilidad política, ha costado hasta la vida de muchos. Como anteriormente lo
mencionábamos, “Los acuerdos políticos
son el precio que debe pagarse por la libertad”, es lo que espera Venezuela
para un futuro no muy definido, pero que está por definirse.
No fue hasta Julio de
2010 cuando se le sumaron dos compactadores de basura a la coordinación de aseo
urbano del municipio Valera, que para el momento una disputa política entre el
gobernador Hugo Cabezas, y el alcalde Temístocles Cabezas acrecentaba la
problemática. 
