“Para que toda esa propuesta se concrete de verdad, van a tener que modificar la Constitución y muchas otras leyes; para lo cual no tienen la mayoría calificada. Pero repito, esto es una cortina de humo a la que no hay que dejarle de tener cuidado”, enjuició
(Alexander González) A propósito del proyecto de ley de comunicación social presentado ante la Asamblea Nacional, la periodista y docente del Nurr, Teresita Jiménez, opinó que no es primera vez que el Gobierno somete a la opinión pública a un “sainete de ésta naturaleza”. “La más reciente fue en el 2009, cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se prestó para ir hasta la mismísima Asamblea Nacional y proponer una ley de delitos mediático muy similar a esta nueva propuesta. En esa ocasión el país entero se escandalizó, los periodistas se concentraron en combatirla y cuestionarla y cuando todos estábamos distraídos en el tema, nos aprobaron la nueva Ley de Educación”, dijo.
A criterio de Jiménez, cada vez que el Gobierno quiere distraer la atención de la opinión pública nacional, se mete con los medios, genera un escándalo y después lo deja así. “¿Qué paso finalmente con la propuesta destemplada de la nada más y nada menos que Fiscal General de la Nación? ¡Ni se discutió! Ni la tomaron en cuenta. Se olvidaron del tema. Y es que este régimen y sus asesores de Guerra Fría bien saben que es altamente efectivo amenazar con el tesoro más preciado que tiene la población venezolana: la libertad de expresión, derecho que descansa sobre un ejercicio periodístico libre, plural y profesional”, enjuició la periodista.
La declarante explicó que a diferencia de la vez pasada, para esta ocasión se han buscado una “figura de poca monta, un tarifado de cuarta; un individuo que en teoría, en apariencia sale de la sociedad civil, sin la mácula del desprestigio gubernamental de este régimen”. Prosiguió enfatizando Jiménez: “En la bizarra visión de Maduro y sus secuaces, la transición definitiva a un régimen como el cubano no ha sido posible porque no han alcanzado la tan ansiada y cacareada ‘Hegemonía Comunicacional’, es decir, aún persisten en Venezuela espacios de disidencia informativa, pese a la inmensa cantidad de esfuerzos que han hecho por silenciar a las voces críticas”.
Por lo anteriormente expuesto, a Teresita se le hace inconcebible un periodista "chavista" o “pro oficialista”, argumentó que la comunicación es per se dialógica, bilateral, y para nada hegemónica. “La hegemonía comunicacional no es otra cosa que una sola persona hablando todo el tiempo sin derecho a expresar el otro nada”, acotó.
Recalcó que no se toma en serio, “para nada”, la que califica como “nueva intentona, que raya ya casi que en la pantomima”. “Me temo que esto es el telón de fondo del aumento de la gasolina, o de la próxima devaluación que nos viene para medio paliar severa crisis fiscal que tenemos. Pero como estamos hablando de un Gobierno que le quitó la señal a una canal de televisión con más de 50 años en el aire, cerró 44 emisoras de radios de una solo plumazo y censura abierta y flagrantemente programas a costa del chantaje, de prosperar la idea estaríamos simple y llanamente a la consumación del sueño dorado del difunto Hugo Chávez: la hegemonía comunicacional, que no es otra cosa que la legalización de la censura previa”.
¿A qué se refiere el proyecto cuando indica que su objeto es regir el ejercicio de la comunicación por “formación natural o académica” y ampara a todas las personas “profesionales o no” que trabajan en medios, publicidad, locución “y a todo el que usando su ordenador ejerza la comunicación social”?
Lo que se está proponiendo es un régimen híbrido, es decir; que el ejercicio del periodismo no sea exclusivo de los profesionales universitarios, sino también de cualquier otro, sea profesional o no. Este es el esquema norteamericano, cualquiera puede ser periodista sin pasar por una universidad, pero igual hay universidades formando periodistas. Es un esquema muy común en el mundo, recuerda que Venezuela, producto de su arraigada tradición democrática, es uno de los poquísimos países que cuenta con colegiación y una ley del ejercicio del periodismo que taxativamente expresa que para serlo, tienes que haber egresado de una universidad. Instrumentar esa aberración necesariamente implica derogar la Ley del Periodismo y modificar hasta la constitución, pues la Constitución Bolivariana contempla un articulado referido a las profesiones que requieren colegiación, en consecuencia una ley y la de periodista es una.
Instrumentar esa propuesta sería ir al margen de la ley, de la Constitución actual. Lo que sí te puedo asegurar es lo siguiente: los países con democracias modernas y liberales que operan con ese esquema misto, siempre prefieren contratar a periodistas universitarios, con formación ética, principios, valores alto compromiso social; no esbirros incondicionales carentes de criterios e ideas propias, dóciles a las exigencias de quien les tire tres lochas.
El texto reprueba la colegiación de periodistas pero crea un Colegio Nacional de Comunicación Social; ordena crear una comisión promotora que redactará el reglamento; y el artículo 15 crea la Comisión de Orden con potestad para actuar de oficio y “censurar” o expulsar a los comunicadores. Pero no se aclara cómo será la escogencia de las autoridades de ninguna de estas instancias ¿Cuál es su percepción sobre esta área?.
Evidentemente, lo que persiguen es usurparle atribuciones y funciones al Colegio de Periodista, que es un órgano civil, colegiado y expresión de la pluralidad política existente en el gremio. Tenemos un código de ética, tenemos una ley que regula la actuación del profesional y en la historia del CNP se han sancionado ejemplarizantemente a colegas denunciados. Que no aclare cómo se va a constituir esta nueva santa inquisición es comprensible, porque todo esto es producto de la improvisación y de la piratería, así tal cual como han manejado al país en 16 años.
Los artículos 17 y 18 consideran “faltas inexcusables” publicar información sobre personas sin previamente haberlas notificado e informar de “situaciones irrelevantes”. Sostiene que la sola rectificación libra al comunicador de procesos penales ¿Cuál es su opinión sobre este punto?
¡De lo que se trata es de intimidar!, de amedrentar, de desmoralizar, que es el armar fundamental de los regímenes totalitarios. Con un articulado de esa barbarie habrá más de un infeliz que se autocensure, pero también habrá periodistas dispuestos a defender sus criterios y profesión, a actuar con hidalguía, ¡honor! Para que toda esa propuesta se concrete de verdad, van a tener que modificar la Constitución y muchas otras leyes; para lo cual no tienen la mayoría calificada. Pero repito, esto es una cortina de humo a la que no hay que dejarle de tener cuidado.
Proyecto de ley
El comunicador social Gastón Guisandes entregó el miércoles 13 de agosto una propuesta de Ley de Comunicación Social a la diputada Tania Díaz, presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. El proyecto jurídico consta de 18 artículos. Su objeto es regir el ejercicio de la comunicación por “formación natural o académica” y ampara a todas las personas “profesionales o no” que trabajan en medios, publicidad, locución “y a todo el que usando su ordenador ejerza la comunicación social”. También, a los corresponsales extranjeros.
