José Peña Solís, ex presidente de la Sala Electoral señaló que las afirmaciones que revelan la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial son públicas y notorias. “Este tipo de procedimientos afecta la credibilidad y confianza en el TSJ, en el poder que es árbitro de las controversias. Muchas de las decisiones de la Sala Constitucional son una desviación de la Carta Magna y tienen una prevalencia del factor político”, afirma. El presidente Nicolás Maduro, en su última intervención ante el Parlamento, el primero de mayoría opositora de la etapa chavista, invitó a los presentes a no caer en “tentaciones de romper los equilibrios necesarios” y reconoció que “no es fácil” manejar el actual conflicto de poderes que vive el país
(Alexander González) El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Falcón, Moya José, argumenta que la Carta Magna en su parte orgánica, establece cuales son los poderes públicos, y asimismo establece las competencias propias a cada uno de ellos. De allí pues, que el Estado venezolano a través de su Carta Fundamental plasma el Principio de la Separación de los Poderes.
“Puede decirse en relación con este principio que el mismo es un elemento característico y fundamental en los Estados de Derecho. Se refiere a la independencia que debe mantener cada uno de los poderes, como garantía del respeto debido a los derechos individuales y públicos”, sostiene el académico.
Bienestar colectivo
Moya también indica que el Principio de cooperación, como también se le conoce, entre los diferentes órganos de poder público tiene como finalidad la consecución de los fines del Estado, lo cual se traduce en la consecución del bien general o colectivo.
“Este principio goza de rango Constitucional encontrándose consagrado en el último aparte del artículo 136 que dispone: Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.
Eventualidad posible
Leopoldo Martínez Nucete, articulista de El Nacional afirma: “el conflicto de poderes en Venezuela era una eventualidad muy previsible. Y ya se encuentra en pleno desarrollo. El Gobierno no ha sabido dar lectura política a los resultados electorales del 6-D y ahora piensa que puede tapar el sol con un dedo”.
Polos opuestos
Son varios los temas que han enfrentado al Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y este último con el Poder Judicial. Pero el más polémico hasta la fecha responde al proyecto de Ley de Amnistía. “Como jefe de Estado, no aceptaré ninguna Ley de Amnistía. Porque se violaron los Derechos Humanos, así lo digo y así me planto. Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar”, esto lo ha afirmado el presidente Nicolás Maduro.
Desde de la oposición la respuesta no se ha hecho esperar: “la ley va porque va”, ha replicado la diputada recién electa Delsa Solórzano, quien afirma que aunque el mandatario vete una norma, los legisladores pueden terminar aprobándola.
Deber ser
El TSJ en el deber ser tendría la autoridad de solventar este tipo de confrontaciones, sin embargo la Cidh ha subrayado: “La existencia de un poder judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado, así como también como órgano encargado de administrar justicia”, dicha comisión ha cuestionado el alto porcentaje de jueces y fiscales provisionales en el país, aunado a las críticas de los dirigentes opositores que califican a una importante porción de magistrados del máximo tribunal del país, como afectos a la llamada Revolución Bolivariana. Esta contextualización ha generado un evidente conflicto de poderes, razón por la cual es válido preguntarse: ¿Venezuela camina hacia la ingobernabilidad? Por el bien de todos, esperemos que no.
¿TSJ poder autónomo?
En 2006, durante la apertura del año judicial, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia corearon: “¡Uh, ah, Chávez no se va!” en presencia del entonces presidente Hugo Chávez, representantes de los otros poderes públicos y ante la mirada del país. En 2014, el tribunal inició sus actividades con el grito: “¡Chávez vive, la lucha sigue!”. En su discurso la magistrada Deyanira Nieves, jubilada en diciembre pasado, afirmó sin titubeos: “Hugo Rafael Chávez Frías, el más importante líder de nuestra historia contemporánea, nos señaló el camino que de manera inexorable estábamos destinados a recorrer hasta llegar a concretar el rescate de la Patria”. Para el abogado constitucionalista Antonio Canova, director de la ONG un Estado de Derecho, las afirmaciones de los magistrados revelan la forma cómo ha actuado el TSJ en los últimos años. “El Tribunal Supremo ha sido un instrumento político, un brazo ejecutor del gobierno; se conduce como un ministerio”, afirmó.
Políticos y juristas opinan
Diputado Julio Borges: “lo que parece un conflicto de poderes es más bien ausencia de diálogo (…) El reto para ambas tendencias es remodelar la casa y adaptarla para que podamos vivir en esta nueva realidad", ha afirmado Borges, quien cree que la verdadera crisis la tiene el Gobierno nacional, y no se trata de un choque de poderes, sino de un “conflicto por el poder”.
Abogado Armando Briquet: “Cuando se pierde el reconocimiento del otro se pierden los criterios existenciales de la democracia”. El jurista ha asegurado que “Venezuela no está en camino a la transición, sino que ya la está viviendo”, y que es necesario que la misma sea democrática y se dé en los criterios de un diálogo entre ganadores y perdedores, de mayorías y minorías.
Diputado Héctor Rodríguez: “Analizar el choque de poderes desde el punto de vista del derecho es un error, porque es una confrontación política. El choque de poderes va más allá, se trata de la confrontación de dos modelos políticos que son y serán incompatibles de manera permanente: se trata del capitalismo y el socialismo. Hay contradicciones claras de dos bloques de sociedad”.
Abogado Julio Lattán: “el Parlamento no está por encima de los demás poderes. No es cierto que la Asamblea Nacional sea un poder prominente o superior a los demás poderes. Debemos acostumbrarnos, las sociedades modernas, a tener menos incidencia del Parlamento”. Asimismo ha referido que la soberanía sólo reside en el pueblo, no emana de los órganos institucionales del poder público.
