Una confiscación con resultados de terror

Cuatro años y medio después, la evolución que ha exhibido Agropatria, como el Gobierno rebautizó a la firma, dio la razón a trabajadores, productores y gremios. “Esto no es ni la sombra de lo que era”, aseguró un ex empleado, que pidió no ser identificado por temor a represalias. La fuente tiene propiedad para afirmar que la compañía dio un giro de 180 grados. Antes de que la empresa pasara a manos del Estado, laboró en ella por más de 7 años, y casi 4 con la nueva administración

(Alexander González) El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C. Cedice Libertad (Cedice Libertad) en enero del 2016 publicó un estudio realizado por la licenciada Carmen Sofía Alfonzo titulado: “De Agroisleña a Agropatria, una ruta de caminos verdes”, el mismo indaga sobre el resultado de la confiscación que sufriera la empresa privada Agroisleña para convertirla en la estatal Agropatria. 

Agroisleña fue expropiada el 3 de octubre de 2010, según decreto presidencial 7.700, publicado en la Gaceta Oficial 39.523. El Estado justificó la “adquisición forzosa” de la compañía que tenía 52 años de labores ininterrumpida, con el propósito de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación. El Gobierno acusó a Agroisleña de vender insumos con sobreprecios de hasta 250%.

Según el mencionado informe, Agroisleña “era un verdadero banco de financiamiento a los productores primarios”, entregaba los insecticidas, herbicidas y demás insumos que requerían para la cosecha a crédito, y otorgaba entre 60 y 120 días para cancelarlos. Culminado el lapso, los productores podían saldar el préstamo con cosecha, que después Agroisleña procesaba en sus silos y vendían a la agroindustria. “Cuando un productor perdía el cultivo y no tenían como cancelar el crédito, la empresa daba refinanciamiento, cuando podían cancelar la deuda, con frecuencia, Agroisleña le exoneraba los intereses de mora del primer préstamo”, reseña el estudio.

También indica que     ofrecía tecnología como: sistemas de riego, sembradoras, abonadoras, equipos de fumigación, entre otras herramientas indispensables en el campo; equipos que los productores pagaban con cosecha. “Agroisleña brindaba un trato personalizado a los clientes, enviaba técnicos a las tierras a evaluar su estado, asesorar y determinar con exactitud los insumos requeridos”.      

Cedice afirma que con Agropatria, los cargos más importantes pasan a ser ocupados por militares y/o adeptos al Gobierno, ajenos al sector agrícola. “Para optar a un crédito se impone una nueva barrera socio-política, la aprobación previa del consejo comunal, la cual se constituye en fuente de corrupción y contrabando”.

La ONG recalca que las 108 tiendas de Agropatria muestran un “extremo desabastecimiento”. “El aporte que hacía Agroisleña a la industria era importante.100% del consumo de maíz de la industria, alrededor de un millón 450 mil toneladas métricas de maíz blanco, 50% del requerimiento arroz y sorgo. Los agricultores de papa confrontan falta de suministro de semillas lo cual provocó una subida de precios en tres meses de 700%. Las importaciones crecen. Agropatria solo atiende a las empresas vinculadas con el Gobierno”.

Estatizar no es socializar
“Estatizar no es socializar, ni mucho menos democratizar la propiedad. Las expropiaciones no rindieron los resultados que el Gobierno esperaba y las empresas estatizadas terminaron quebradas por el burocratismo y el pseudosindicalismo que se aliaron para sabotear e impedir la participación de los trabajadores directos en la dirección y gerencia de esas empresas”, afirma el economista Víctor Álvarez. 

DATOS DE AGROISLEÑA

• 60-120 días para cancelar los préstamos, que podían pagar con cosecha que Agroisleña procesaba y vendía
• 18.000 productores apoyados con fertilizantes, herbicidas, semillas, maquinarias y asesoramiento técnico
• 3.000 agricultores apoyados con plan de financiamiento para cosechar maíz
• Refinanciaban cuando factores externos inciden en el rendimiento

 DATOS DE AGROPATRA

• Máximo 60 días para cancelar los préstamos, aceptaban solo con maíz y sorgo como pago en cosecha
• Consejos comunales se encargarían de administrar y comercializar los insumos, así como de otorgar los préstamos. El proceso para optar por un crédito es más engorroso y restrictivo.
• Datos escasos. Se desconoce la cantidad de préstamos
• La nómina de Agropatria ha sufrido un incremento desproporcionado, en sedes donde había 9 trabajadores, ahora hay más de 30, carentes de capacitación. Los programas de capacitación y formación de los trabajadores cesaron al igual que el suministro objetivo y oportuno de servicios a los productores independientemente de su posición política.