El informe especifica que entre los mecanismos de impunidad que suelen presentarse de forma conjunta y sistemática en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, está la tendencia a considerar dichas violaciones como “casos aislados”
(Alexander González) En un informe elaborado por diversas organizaciones no gubernamentales, que fue presentado ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de la Naciones Unidas, señala que a pesar de la larga lista de recomendaciones internacionales dirigidas al Estado venezolano en materia de tortura, ésta sigue siendo una práctica utilizada por las fuerzas de seguridad y fomentada por el actuar pasivo de las autoridades del Poder Público Nacional.
Opacidad de información
El referido documento indica que la opacidad en la información también afecta la posibilidad de contar con cifras sobre la totalidad de los casos de tortura y malos tratos en Venezuela, aunado al hecho de que la mayoría de los casos no son denunciados por falta de credibilidad de las víctimas en las instituciones competentes y por el temor a represalias ulteriores. El Ministerio Público no cuenta con un registro nacional de denuncias de casos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes que sea de acceso público, y en los reportes existentes no se contabilizan los casos que son clasificados como “lesiones” o “abuso de autoridad”.
Protestas de febrero 2014
En relación a los casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes presuntamente ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, el Ministerio Público indicó en un informe especial que a través de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales se iniciaron 189 investigaciones por afectación de derechos, de los cuales dos casos se investigan por homicidio consumado, 2 por tortura y 185 por trato cruel. Igualmente se reportó sobre 873 personas lesionadas, 595 civiles y 278 funcionarios públicos, además de 42 personas fallecidas, 32 civiles y 10 funcionarios públicos.
En cuanto al proceso de investigación, se reportó que se presentaron 30 actos conclusivos relacionados con las 189 investigaciones iniciadas. De los actos conclusivos presentados existen 22 sobreseimientos, seis acusaciones y dos archivos fiscales, lo que implica que en el 82 % de los casos no se continuó con el proceso de investigación.
Mecanismos de impunidad
El informe especifica que entre los mecanismos de impunidad que suelen presentarse de forma conjunta y sistemática en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, se puede mencionar a manera de ejemplo: la existencia de “grupos élite” en las fuerzas policiales, impunidad en casos de corrupción, criminalización de la víctima, tendencia a considerar las violaciones como “casos aislados”, cooperación con los funcionarios presuntamente implicados, modificación de las actas policiales, carencia de recursos lo cual genera retardos en las experticias a realizarse; discrepancias entre el contenido de los exámenes médicos forenses y las versiones de los familiares, entre otras.
Las prácticas y mecanismos de impunidad están relacionadas a la alteración de la escena donde ocurre el hecho, traslado a la víctima hacia un lugar diferente con posterior despojo de ropas y accesorios; colocación de armas y sustancias psicotrópicas en el lugar del hecho. Ocultamiento de la identidad del funcionario, el empleo en algunos casos de vehículos sin placas. Amenazas y hostigamientos a familiares y testigos luego de denunciar los hechos. El informe enjuicia que todos estos elementos entorpecen e imposibilitan la labor de investigación fiscal.
También reseña el documento que las condiciones en las que se desarrolla la labor de los defensores de derechos humanos en Venezuela se han deteriorado de manera significativa. “El Estado venezolano ha incumplido sus obligaciones al no facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades”.
Informe alternativo
El informe alternativo fue elaborado conjuntamente por la Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad y Paz, Asociación Civil Venezuela Diversa, Cátedra de Derechos Humanos y Proyecto RedDes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, de la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta, entre otras organizaciones con el apoyo de la Organización Mundial Contra la Tortura.
Recomendaciones
Las organizaciones redactoras del informe, recomiendan al Estado venezolano: adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales que permitan reforzar la prohibición de las prácticas de tortura en razón de género, orientación política, identidad u otra índole. Establecer mecanismos de registro estadístico sobre casos de violencia con datos públicos desglosados por edad, género, número de denuncias recibidas, investigaciones realizadas, mecanismos de protección aplicados, presuntos responsables y penas aplicadas. Promover la libertad de asociación y garantizar el libre ejercicio de los defensores de derechos humanos.
