(Alexander González) La polémica "Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional" promovida por los parlamentarios opositores en Venezuela genera dudas, sobre todo porque se desconoce en su totalidad quiénes se verán beneficiados de dicho proyecto de ley.
El alegato opositor es que este proyecto jurídico busca beneficiar a las figuras más visibles de la oposición (Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma) y a otros ciudadanos imputados por diversos delitos “que pudieron haberse cometido como parte de actuaciones que respondieran a una motivación política”, según se lee en el proyecto aprobado ya en primera discusión.
¿Arma de doble filo?
Para algunos juristas la “Ley de Amnistía y Reconciliación”, constituiría un arma de doble filo. Si bien su principal objetivo es buscar la liberación de los dirigentes vinculados a la oposición también hay quienes piensan que promoverá la impunidad, porque cualquier delincuente se valdría de esa ley para que sus delitos puedan ser eliminados. Es decir, esa ley podría acabar con el Estado de Derecho de quienes sufran daños, ataques o cuya vida fue acabada.
A cualquier persona, independientemente del crimen cometido, como secuestro, narcotráfico, corrupción entre otros, se le puede borrar sus delitos y, además, ser olvidados mediante este estatuto que absuelve de culpas a sus autores, tanto materiales como intelectuales, lo que dejaría al país en un estado de vulnerabilidad total.
Desde 1999
Luigino Bracci, articulista de Alba Ciudad, comenta: “la Ley de Amnistía que propone la oposición venezolana en la Asamblea Nacional, y que ya fue aprobada en la primera de dos discusiones, ha sido vendida como una ley con el ‘noble propósito’ de liberar a dirigentes que permanecen encarcelados supuestamente por razones políticas. Alega que busca la ‘reconciliación nacional’. Sin embargo, al leerla puede encontrarse que amnistiará no menos de cincuenta tipos de delitos (...) La ley tampoco se restringe a las ‘guarimbas’ o protestas violentas de 2014: abarca hechos desde 1999, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año”.
Cinco mil delitos
El instrumento puede favorecer además a cerca de cinco mil imputados por los más diversos delitos (que van desde tráfico de drogas de menor cuantía (Art. 149 y 151 de La Ley Orgánica de Drogas), hasta el uso de menores en la comisión de delitos (Art. 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). La coalición opositora en el hemiciclo impulsa el debate sobre la amnistía como medida de pacificación y reconciliación, según comentó la diputada Delsa Solórzano en la presentación del anteproyecto. Como presidenta de la Comisión de Política Interior ha llevado las riendas de todo lo relacionado con este tema “que no intenta dilucidar quién es el principal factor político causante de la división nacional, sino evaluar si existen las circunstancias que justifiquen adoptar la medida”.
EL DATO: El indulto, a diferencia de la amnistía, es el acto administrativo en el que se le perdona total o parcialmente la pena a una persona o se le cambia por otra más benigna. La amnistía, por el contrario, supone el perdón del delito en sí. El indulto es otorgado a una persona específica, mientras que la amnistía afecta a un grupo de personas. Para la liberación de Leopoldo López (bandera de dicho proyecto de ley), la oposición exige amnistía y no indulto.
¿Perdonarán el terrorismo?
De aprobarse esta ley, liberará también a personas involucradas en el delito de financiamiento al terrorismo, siempre que el acusado se haya expresado políticamente en contra del Gobierno Nacional, o que alguna alta figura del Gobierno se haya pronunciado condenando estos hechos y pidiendo justicia; así lo indica el artículo 20 del proyecto de ley.
CRITERIOS OPUESTOS
El diputado a la Asamblea Nacional Edgar Zambrano (MUD-Lara) desmintió que esta ley busque favorecer a personas relacionadas con el tráfico de drogas. “Lo que está planteado en el artículo 30, es que se concede amnistía del delito de tráfico de drogas de menor cuantía, haciendo referencia a los jóvenes que fueron detenidos en los campamentos en 2014, a quienes les imputaron ese delito”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Jesús Silva consideró que el proyecto se extralimita al plantear “una eliminación del carácter penal de algunos delitos como terrorismo, asesinatos, manifestaciones violentas con heridos graves o fallecidos, siempre y cuando los involucrados en estos hechos digan ser dirigentes o militantes de partidos políticos”.
Aunque el diputado de la MUD señaló que “se harán las correcciones donde deban hacerse”, Silva insistió en que el proyecto contraviene la Constitución “que en su artículo 29 establece que delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos no pueden ser objetos de beneficios a través de indulto o amnistía”.
Para el abogado la posibilidad de que se implemente una Ley de Amnistía con carácter válido, “radica en que se especifiquen los acontecimientos recientes en la vida política venezolana que tengan una gravedad menor”.
El parlamentario enfatizó que la Ley de Amnistía es un instrumento “para el perdón y la paz y no una norma para la impunidad como pretenden hacerlo ver quienes endosan unos argumentos prefabricados”.
De ésta aseveración discrepa Silva, quien indicó que “es un proyecto para la eliminación del derecho penal. Ningún estado puede renunciar en aplicar sanciones a quienes cometen delitos”.














